INTA en la mira: recortes y ventas generan tensión.
A una semana de que se frenaron los despidos que pretendía el Gobierno, que se suspendieron por 75 días, en el INTA siguen en estado de alerta frente a los planes de la nueva gestión para achicar el organismo y vender tierras y propiedades, de las cuales el consejo directivo aprobó dos en la última reunión. El Ejecutivo dice que sobra gente pero hay menos empleados que hace una década.
La semana pasada no fue una más en las últimas que transcurrieron en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Después de una maratónica sesión de 12 horas el jueves 28, y que continuó al día siguiente con el llamado a una reunión de urgencia, el Consejo Directivo del INTA rechazó la propuesta del Gobierno de desvincular a 227 empleados del organismo, un plan para vender tierras y propiedades (con la excepción del edificio de la calle Cerviño, en el barrio de Palermo, y de 41 hectáreas en Salta, que fueron aprobadas) y la intención de ubicar en el organigrama de la institución a ocho directores alineados con la nueva gestión, liderada por Nicolás Bronzovich.
“En estos 75 días vamos a revisar toda la planta laboral, no sólo los ingresos de 2023”, dijo Bronzovich en la única entrevista que brindó tras la reunión, al programa Aire de Campo de Radio Rivadavia. Uno de los argumentos del Gobierno para impulsar la reducción es que en 2014 la cantidad de personal llegó a los 7300 trabajadores, con respecto a los cerca de 3500 que tenía en 2003.
“Lo que no dicen es que ahora tenemos 6466 y que con el plan de retiros y las jubilaciones que se intimaron, y que están en trámite, seguramente quedemos en 6100”, le dijo a TSS Mario Romero, secretario general de APINTA. “Si creen que hay gente que no trabaja van a tener que ver eso, a nosotros no nos consta, sino más bien todo lo contrario. Y si hay alguien que no trabaja hay también alguien que se está haciendo el distraído”, agregó Romero, quien dijo que el jueves por la noche hubo una fuerte presión sobre miembros del consejo del INTA por parte del Gobierno.
El Consejo Directivo del INTA está conformado por presidencia y vicepresidencia de la entidad, un representante de la Secretaría de Agricultura, de las facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias (Universidades Nacionales), de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y de las entidades que conforman la mesa de enlace (Coninagro, CRA, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina).
«El Gobierno puso en marcha un plan para modernizar el INTA, que es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron desvirtuados por la gestión anterior», había dicho el vocero presidencial Manuel Adorni el miércoles 7, un día antes de la reunión directiva en la institución. El Ejecutivo también creó un cuerpo de cuatro asesores (Gonzalo Abaurrea, Matías Nardello, Inés Liendo y Luis Negruchi) para trabajar en un plan en un plazo de 180 días.
«La preocupación principal son los puestos de trabajo. Hoy el INTA está semi intervenido por la Secretaría de Agricultura y por AAPRESID (la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), de las cual son cuadros Bronzovich y (Beatriz) Giraudo, la vicepresidenta. Cuando hablan de reducir la planta y vender propiedades, lo que está detrás es un negocio inmobiliario y el desfinanciamiento del organismo. Esas tierras no son solo patrimonio del INTA, son de todos. Y no es cierto que no estén en uso, porque si no se usan para investigación se usan para producción, a través de cooperativas. Otro argumento con el que salieron es que se gasta mucho en combustible. Parece que no entienden que el INTA es un organismo que está presente en todo el país, en Tierra del Fuego, en Abra Pampa. Estamos hablando de lugares donde quizás para moverte a un campo experimental o ver a un productor tenés que hacer cientos de kilómetros», dijo Romero.
Bruno Massare
Agencia TSS
