Amenaza a la Ley de Octógonos: cuando el negocio prima sobre la salud.

Los diputados del PRO Alejandro Bongiovanni y Daiana Fernández Molero presentaron un proyecto que busca derogar la Ley 27.642, de Promoción de la Alimentación Saludable (PAS), más conocida como de Ley de Etiquetado Frontal, que brinda información para que las y los consumidores puedan tomar decisiones alimentarias informadas, protege a las infancias frente al marketing de ultraprocesados y promueve entornos escolares más saludables. Los argumentos presentados para su derogación no son nuevos sino que, por el contrario, han sido debatidos y resueltos durante el proceso de aprobación de esta ley, sancionada tras meses de un intenso debate plural y democrático el 26 de octubre de 2021, con 200 votos a favor, 22 en contra, 16 abstenciones y 18 legisladores ausentes.

“Lo que pasa es que ahora esos argumentos aparecen en un contexto diferente. Cuando se aprobó la ley estabamos en plena pandemia y el hecho de que hubiera un Estado presente tomando medidas para proteger la salud de la población era algo importante. El contexto actual, en cambio, habilita y propicia a un Estado desdibujado frente a la economía como valor supremo y a un libre mercado que se regula solo y que va a hacer que todo se acomode mágicamente, cuando en realidad, si se mira lo que está ocurriendo en otros países como los europeos, se ve que hay un valor del Estado regulando para que haya una industria controlada, haciendo cosas que no enfermen”, reflexiona la nutricionista Andrea Graciano, que es parte de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y colectivos afines (Red CALISAS).

“En un contexto en el que los ultraprocesados aportan más del 35% de las calorías diarias en niñas, niños y adolescentes, resulta imperativo defender una política pública como la ley PAS, que prioriza la salud de la población y protege su autonomía”, subraya Victoria Tiscornia, Magister en Nutrición Humana e Investigadora de FIC Argentina, y cuestiona: “el proyecto presentado en los últimos días no está respaldado con evidencia científica y desestima la magnitud de la malnutrición como un problema de salud pública en el país”.

Al respecto, advierte que en investigaciones realizadas por UNICEF, junto a FIC Argentina, comprobaron cambios en la intención de compra de productos como bebidas, yogures y galletitas. Además, existen otros estudios recientes que demuestran la efectividad y la aceptación de esta ley. Por ejemplo, una encuesta del Ministerio de Salud, del 2023, encontró que el 43% de la población refirió tener en cuenta los sellos a la hora de comprar productos alimenticios. Entre ellos, el 58% dijo haber modificado su intención de compra para galletitas y el 57% lo hizo para las bebidas.
“La ley no fue el capricho de las personas que trabajamos en el proceso sino que todo se resolvió en base a evidencia científica libre de conflictos de interés, algo que hasta el momento no han mostrado los diputados que presentaron el proyecto para derogarla, no hay un artículo científico libre de conflictos de interés que diga que la ley no sirve”, sostiene Ignacio Porras, director Ejecutivo de Fundación SANAR, y advierte que, incluso, la Universidad Católica Argentina (UCA), que se oponía a la Ley de etiquetado frontal mientras esta se discutía, en un informe de 2024 publicó que más de un tercio de las familias argentinas utilizan el etiquetado frontal para las decisiones de compra.

Con la norma de etiquetado se busca garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, a través de la promoción de prácticas saludables y mediante información nutricional simple y comprensible que faciliten la toma de decisiones a la hora de comprar alimentos envasados. Además, busca prevenir la malnutrición y el avance de las enfermedades crónicas no transmisibles, así como advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes perjudiciales para la salud como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Para ello, no solo establece el uso de los conocidos octógonos, sino que también incluye otras medidas como la eliminación de dibujos animados o regalos en productos infantiles, la posibilidad de ofrecer educación sobre alimentación saludable en los colegios, impedir la venta de productos con sellos en establecimientos educativos y priorizar productos sin sellos en las compras públicas, entre otras. Sin embargo, “de toda la ley, lo que está plenamente implementado es el etiquetado frontal pero faltan muchas cosas en cuanto a entornos escolares saludables, compras públicas para programas alimentarios y regulación de publicidad. Sobre todo, falta mucho trabajo a nivel jurisdiccional en la redacción de normas complementarias que puedan contarnos, de alguna manera, cómo se instrumenta la ley en el territorio”, advierte Porras.

En cuanto al uso de octógonos, uno de los puntos más debatidos en el Congreso fue cómo establecer lo que se denomina “punto de corte”. Es decir, cuándo un producto debe llevar el octógono negro o no. Para ello, en base a la experiencia internacional, la Argentina decidió adoptar los parámetros nutricionales propuestos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esa es una de las cosas que hace que esta ley sea “robusta”, tal como la califica Graciano. “Para modificar esos parámetros y hacer una regulación más flexible, es necesario derogar la ley”, afirma la especialista, y considera que la medida regulatoria más conocida es el etiquetado que se ve en los envases y que, según los estudios que se van conociendo, han sido aceptados por buena parte de la población. Sin embargo, “si la industria lograra de alguna manera flexibilizar los límites, o sea, hacer que la ley no sea tan robusta, lograrían que la gente siga viendo los sellos pero habría muchos productos que ya no los tendrían o tendrían menos”, advierte Graciano.

Si todo tiene octógonos, nada es nutritivo.

Uno de los argumentos que postulan los diputados para derogar la ley es que si todo tiene octógonos es porque nada los tiene, en el sentido de que dejan de llamar la atención. Por el contrario, la definición de ese modelo se realizó comparando la efectividad de experiencias internacionales entre distintos métodos.

“La narrativa de que el 85% de lo que se vende en los supermercados se ve alcanzado por la ley de PSA se debe a que justamente los supermercados son centros comerciales que destinan más del 75% de su superficie a comercializar este tipo de productos y solamente destinan un 25% de la superficie a comercializar alimentos naturales o mínimamente procesados. Eso cambia rotundamente cuando vas a una carnicería, a una verdulería o a una dietética, donde esa relación cambia completamente”, advierte Porras.

“Tal vez tenemos que pensar en otros comercios o en los alimentos desde su grado de procesamiento y entender que por ahí conviene comer alimentos naturales o mínimamente procesados y no los productos que ofrecen los supermercados. El criterio mercantil no necesariamente va de la mano de las recomendaciones para la alimentación de la población. Entonces, que sean buenos para vender no significa que sean buenos para comer”, subraya Porras.

Al respecto, Graciano recuerda que ese argumento también fue presentado durante el proceso legislativo y, sin embargo, tras la implementación de la ley la industria fue reformulando muchos productos que hoy tienen menos sellos que los que tenían originalmente y que, además, hay muchos productos nuevos que dicen “nueva receta” y que no llevan sellos. “Eso da cuenta de que la ley sirve, porque si no los seguirían comercializando como antes”, destaca la nutricionista.

Otro argumento en contra de esta normativa es que dificulta las exportaciones y de ese modo perjudica a las industrias locales frente al mercado internacional, algo que es erróneo ya que para insertar productos alimenticios las empresas deben adaptar sus paquetes a las regulaciones de los países de destino.

Una tercera afirmación que circuló en redes tras el anuncio de la presentación del proyecto de derogación de esta ley indica que la medida considera a los consumidores como “idiotas”, a pesar de que facilita el proceso de elección sin haber eliminado la información nutricional que aparecía antes en los paquetes.

“En general, las decisiones de compra se toman en góndola y llevan de 6 a 12 segundos, hay datos locales que provienen de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud que documentan que solamente un 26% de la población lee la información nutricional de las etiquetas y solo la mitad la entiende, pero más de un 85% de la gente no lee ni entiende de qué se trata esa información nutricional. Entonces, los sellos permiten identificar de manera muy rápida y sencilla cuáles son las peores opciones en términos de excesos en esos nutrientes, que son de preocupación para la salud pública porque están fuertemente asociados al incremento de enfermedades no transmisibles, que son la principal causa de enfermedad y muerte en nuestro país”, detalla Graciano.

Porras agrega que antes de los octógonos el marketing tenía mucho más poder que la información de la tabla nutricional y los ingredientes, y además muchos de estos suelen estar codificados con el denominado INS, un sistema de numeración internacional que no necesariamente el consumidor conoce. “Ninguna política pública intenta tratar de idiotas a la población, tal como lo dijo un diputado. Hay que entender que es una política pública de salud, que es el rol que cumple el Estado frente a un problema existente”, dice Porras.